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Derecho a la Autodeterminación

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Derecho a la Autodeterminación

Mensaje por ilustrado el Jue Mayo 08 2014, 20:13

El Derecho de Autodeterminación



Para analizar las reclamaciones autodeterministas de nuestros nacionalismos se hace necesario definir en qué consiste la autodeterminación para acto seguido poder concluir si tiene aplicación al caso español.

El principio de autodeterminación de los pueblos no es algo que existe en el mundo desde siempre. Se trata de un principio que regula las relaciones de los miembros de la comunidad internacional desde hace no muchas décadas. En diciembre de 1918 el presidente norteamericano Wilson, con la Primera Guerra Mundial recién concluida, declaró lo siguiente:

“El principio central por el que hemos luchado en este guerra es que ningún gobierno tiene el derecho a disponer del territorio de un pueblo libre”.

Este principio fue utilizado sobre todo para desmantela los imperios vencidos, que dieron nacimiento a multitud de nuevos Estados.

La aplicación generalizada de este principio, sin embargo, tuvo que esperar al fin de la siguiente guerra mundial y a que las Naciones Unidas proclamaran en su Carta Fundacional el principio de igualdad de derechos de los pueblos y su derecho a disponer de sí mismos.

Con tal precepto se establecía la necesidad de revisar dos tipos de relaciones de dominación de una nación sobre otra creadas por la fuerza: la conquista militar de una nación, como las que habían provocado la Segunda Guerra Mundial, que acababa de terminar, y la dominación colonial que en otros continentes se había establecido desde el siglo anterior.

El principio de autodeterminación aparece recogido por primera vez en la Carta Fundacional de la ONU (art. 1, párr. 2):

“(es propósito de la ONU) Fomentar entre las naciones relaciones de mistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”

Ya en esta fundacional ocasión, en le documento explicativo elaborado por la misma Conferencia de la ONU que promulgó la Carta se aclara un punto esencial:

“Los pueblos tienen el derecho de administrarse a sí mismos, pero no el derecho de secesión”.

El primer texto legal de la ONU en el que se desarrolla el principio de autodeterminación es la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” (Resol. 1.514 (XV), 14 dic. 1960), de título harto explícito. En esta declaración, tras recordar que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, “reconocer el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes”, “reconocer que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo” y “creer que es preciso poner fin al colonialismo”, se establece:

Art. 6: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Diez años más tarde, ya con el proceso descolonizador muy avanzado, vuelve la ONU a proclamar el derecho de autodeterminación de los pueblos en la “Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados” (24 oct. 1970, Resol. 2.625), en la que se establece el deber para todo Estado, “en virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos” de “poner fin rápidamente al colonialismo”, pues “el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación de dicho principio”.

Esta Declaración vuelve a establecer que el derecho de autodeterminación es sólo aplicable a las situaciones coloniales y a aquellos supuestos en los que un Estado margine u oprima a una parte de su población por motivos raciales o religiosos. En caso contrario, será incompatible con los principios de la ONU:

“Cualquier intento encaminado a quebranta total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado”.

Así pues, para la ONU y la comunidad internacional no son comparables los casos de un nacionalismo que pretenda el desgarramiento de una nación formada por siglos de convivencia y otro que pretenda resolver una situación de dominio colonial. La secesión, consiste no en el acceso al autogobierno por parte de un pueblo hasta entonces sometido a la dominación de una potencia colonial, sino en la separación de una parte de una nación, está expresamente rechazada.

Ya en 1919, con ocasión de la Conferencia de Paz de París, Robert Lansing, Secretario de Estado con Woodrow Wilson, declaró que:

“No cabe pensar que un presidente americano abogue por un planteamiento secesionista después de que en 1860 los Estados Unidos no reconociesen la secesión de los Estados del Sur, asegurando la unidad incluso por medios militares”.

En resumen: el derecho de autodeterminación figura en la legislación de la ONU con el fin de que se acogieran a él las colonias que desearan separarse de sus metrópolis. Además de para procesos de descolonización, el segundo supuesto para el que la legislación y la doctrina internacionales han previsto este mecanismo es para situaciones de opresión nacional en las que los ciudadanos de un grupo nacional, religioso, racial o cultural determinado incluido en una estructura estatal, sufriese menoscabo de sus derechos individuales o colectivos. En dicho caso, al no estar ese colectivo representado por el gobierno de su nación, se equipara su situación de opresión con la de una colonia y se entiende justificado el derecho de autodeterminación; lo que evidentemente ni ha sido nunca ni es hoy el caso de ninguna región española. Especialmente las provincias vascas, cuyos ciudadanos disfrutan por lo menos de los mismos derechos que el resto de españoles. Y decimos por lo menos porque las particularidades derivadas del régimen del Concierto Económico en todo caso hacen de los vascos unos ciudadanos fiscal y económicamente privilegiados en España, como han venido siendo durante los últimos cinco siglos.

La autodeterminación exige, por lo tanto, unos requisitos objetivos –límites razonables a su ejercicio, sin los cuales cada región, cada pueblo, cada aldea y cada familia podrían ser sujetos teóricos de ese principio-. No es cierto que cualquier colectivo humano, por mucho que lo sostenga uno de sus partidos políticos, pueda hacerse titular del derecho de autodeterminación por el mero hecho de autoproclamarse como tal, como quien se apunta a una lista de espera.
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Re: Derecho a la Autodeterminación

Mensaje por ilustrado el Jue Mayo 08 2014, 20:14

El falso derecho a la autodeterminación de los nacionalistas


Muchos nacionalistas “periféricos” suelen reclamar en España el ejercicio al derecho de autodeterminación. Consideran que ese es un derecho democrático reconocido por la ONU y que, por lo tanto, si una parte de España desea independizarse del resto tiene que poder hacerlo. En estos términos se expresa Gurutz Jáuregui Bereciartu cuando dice esto: “Una nación que en su momento resultó integrada en un determinado Estado nacional, decide en un determinado momento concreto replantear su situación vigente en el marco de ese Estado nacional. Es aquí donde debe incidir el derecho de autodeterminación como derecho democrático, en cuanto que constituye expresión soberana ―siempre que efectivamente se produzca tal expresión soberana― de un pueblo o nación” (Contra el Estado-nación. En torno al hecho y la cuestión nacional, Siglo XXI, 1986, p. 217).

Estas afirmaciones esconden varias falsedades. La primera de ellas es confundir el “derecho a la autodeterminación” con el “derecho a la secesión unilateral”, que es lo que defienden estos nacionalistas. Es, además, falso decir que la ONU defiende este derecho entendido de la forma como ellos lo entienden. Tal como afirma Alfredo Cruz Prados “la resolución 2.625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, precisa que el principio de la libre determinación de los pueblos no significa el reconocimiento del derecho a la secesión” (El nacionalismo. Una ideología, Tecnos, 2005, p. 177).

En la citada resolución de 1970, después de reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos como una forma de poner fin al colonialismo, se lee lo siguiente en la pág. 132 de la versión española: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de los Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”. Un poco más adelante se afirma que “la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables”. Los que defienden el derecho a la secesión unilateral invocando las resoluciones de la ONU lo único que hacen es mostrar su desconocimiento de las fuentes.

La aceptación del derecho a la secesión unilateral conduciría al mundo al caos y podría generar multitud de conflictos armados. Allen Buchanan nos alerta de estos peligros cuando afirma lo siguiente: “Un Estado que codicie parte del territorio de su vecino puede apoyar, estimular o incluso simular movimientos secesionistas entre sus connacionales del otro lado de la frontera, que «languidecen bajo una férula extranjera». En estos casos, una injusta anexión puede enmascararse tras las aparentemente legítimas banderas de la autodeterminación y los derechos de las minorías. Para encontrar ejemplos, no es preciso retrotraerse hasta la anexión de los Sudetes por parte de Hitler; los movimientos de secesionismo irredento en Kosovo, Crimena y Transilvania plantean riesgos similares” (La moral del nacionalismo, II, Gedisa, 2003, p. 158).

Un ejercicio del derecho a la autodeterminación como el que proponen los nacionalistas “periféricos” españoles solo podría ser aceptado en situaciones excepciones: “El derecho a la secesión se considera como un remedio al que ha de acudirse como último recurso para reparar graves injusticias, no como un derecho general de los grupos y tampoco como un derecho de ciertos tipos de grupos (las “naciones”, los “pueblos”, etcétera, en tanto que tales).

Entre todos los agravios que considero capaces de proporcionar los fundamentos primordiales de la justificación de la secesión, los principales son estos: a) la existencia de persistentes y graves violaciones de los derechos humanos individuales, y b) una injusta apropiación de territorios no reparada”. (Allen Buchanan, op. cit., p. 170).

Ninguna de estas dos situaciones se da en España. El derecho a la secesión solo está justificado en circunstancias extremas, tal como señala Buchanan: “Si un Estado persiste en cometer graves violaciones de los derechos humanos de una minoría en el interior de sus fronteras, es permisible que ese grupo trate de establecer su propio Estado como forma de obtener un santuario con el que protegerse contra la persecución, en caso de que no se disponga de ningún otro recurso. O bien, si, como sucedió en el caso de las repúblicas bálticas, un Estado soberano se ha visto injustamente anexionado, la secesión puede considerarse como una legítima rectificación de esa injusticia”.

Ya que no nos encontramos en España en ninguna de las situaciones de excepcionalidad que este autor señala acertadamente considero que no es legítimo que se ejerza ese derecho a la secesión unilateral. Si hay gente en algunas autonomías que desea la independencia de un territorio del resto lo que deben hacer es convencer a la mayoría de los españoles de la necesidad de modificar la Constitución. La independencia de una parte de nuestro territorio es algo que nos afecta a todos y, por lo tanto, todos los ciudadanos de España deben poder decidir democráticamente lo que quieren que sea su país en el futuro.


Resolución 2625 de 24 de octubre de 1970 de la ONU

Fragmento de la resolución:

“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

El derecho a la autodeterminación (llamada aquí "libre determinación") debe entenderse como el derecho al autogobierno democrático sin discriminaciones, no como el derecho de una parte de un Estado soberano a la secesión unilateral de ese Estado, algo contrario a las resoluciones de la ONU.


Roberto Augusto
Puerta de Brandemburgo. Colectivo para generar pensamiento crítico

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Re: Derecho a la Autodeterminación

Mensaje por ilustrado el Jue Mayo 08 2014, 20:15

El "derecho a decidir": una invención reciente del nacionalismo catalán


Uno de los creadores y promotores del término "derecho a decidir" -el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra Jaume López Hernández- reconocía hace dos años que "no hay ninguna legalidad internacional que recoja explícitamente" este concepto. "Para que el derecho a decidir se convierta en un nuevo referente en el análisis y la legitimación de las reivindicaciones en defensa de la creación de nuevos estados, hay que difundir el concepto y profundizar en sus implicaciones teóricas", defendía entonces en un informe de Unescocat destinado a partidos, medios y entidades nacionalistas. Estas recomendaciones se han cumplido al pie de la letra, como si de un guión se tratase.

Alejandro Tercero, Jueves, 19 de septiembre de 2013


En los últimos años, un concepto político ha triunfado como ningún otro en Cataluña: el denominado “derecho a decidir”. Todos los partidos y entidades nacionalistas apelan a este supuesto derecho para reclamar la celebración de un referendo para la secesión de Cataluña.

La última de estas entidades se presentará en los próximos días. Con el nombre de Col·lectiu Praga, medio centenar de profesores universitarios del ámbito jurídico, todos ellos adscritos a universidades catalanas, se ha constituido con el objetivo de promover el ejercicio del “derecho a decidir” de Cataluña y defender que es posible aplicarlo dentro de la Constitución.

Sin embargo, y de forma sorprendente, en sus documentos fundacionales el Col·lectiu Praga no apela al derecho internacional para justificar ese supuesto "derecho a decidir", y no lo hace por un motivo muy sencillo: el derecho a decidir no es concepto jurídico reconocido en el derecho internacional, sino que es una invención ad hoc del nacionalismo catalán.

De hecho, el propio Agustí Colomines, ex director de la Fundació Catdem -vinculada a CDC- y profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Barcelona (UB), así lo reconocía este martes durante una tertulia en BTV:

"Esto del derecho a decidir es una chorrada que nos inventamos para no decir lo que es: derecho a la autodeterminación, y punto pelota".


El proceso de fabricación de "un nuevo concepto": "el derecho a decidir"

Esta operación de la maquinaria propagandística del independentismo catalán queda detalladamente recogida en un informe publicado en noviembre de 2011 por el ya desaparecido Centre Unesco de Catalunya (Unescocat).

Con el título Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin estado, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra Jaume López Hernández -un conocido activista independentista- plantea una estrategia al nacionalismo catalán.

Consciente de la inviabilidad jurídica de apelar al derecho a la autodeterminación, tal y como está recogido en los tratados de derecho internacional, para defender la independencia de Cataluña, López Hernández invita al nacionalismo catalán a recurrir a "un nuevo concepto", el ya citado "derecho a decidir".


El derecho a la autodeterminación solo es aplicable a las colonias

Según la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (1960), el derecho a la autodeterminación solo es aplicable a "procesos de descolonización", principalmente puestos en marcha a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Además, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (1970), que ampara el derecho a "la libre determinación de los pueblos", deja muy claro que "todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integri­dad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta" de las Naciones Unidas.

"Así, cualquier reivindicación de una minoría territorial que no pertenezca a un imperio, ni haya sido colonia, se conceptualiza como un conflicto de unos ciudadanos con su Estado, fuera de los márgenes, por tanto, que presupone el derecho a la autodeterminación", reconoce el autor del informe.


Las dictaduras comunistas

López Hernández considera que, "en Cataluña, los requisitos de aplicación del derecho a la autodeterminación solo se dieron durante un período muy limitado: al acabar la Primera Guerra Mundial, época en la que se reivindica desde el partido Estat Català fundado por Francesc Macià, en tanto que España todavía se puede considerar un imperio en vías de descolonización".

Por otra parte, la creación de los nuevos estados a principios de los años 90, tras la caída del muro de Berlín y el hundimiento de las dictaduras comunistas, tuvo el amparo del derecho internacional debido a que en esos países no había democracia, más allá de apelar al derecho a la autodeterminación. Una situación que tampoco es comparable a la de la Cataluña actual.


La "aparición" del "derecho a decidir"

En base a esta realidad, López Hernández llega a la conclusión de que en los últimos años se ha producido "la aparición de un nuevo concepto, el derecho a decidir", que es el reflejo de una "nueva tendencia" causada porque "la concreción conceptual y política del derecho a la autodeterminación en un contexto democrático y liberal (no en una colonia o un régimen comunista) ha ido experimentando cambios de matiz, nuevos tratamientos, justificaciones e implicaciones que marcan nuevas pautas tanto en el ámbito normativo y argumental como estratégico y político".

Es decir, el "derecho a decidir" es un "neologismo", como el propio autor reconoce, para soslayar el derecho internacional y adaptarlo a las demandas del nacionalismo catalán, tratando, así, de legitimarlas jurídicamente.


Un término "popularizado" por la Plataforma pel Dret de Decidir

En ese sentido, el informe reconoce que la "reivindicación" de este "derecho a decidir" ha sido "especialmente relevante" y "protagonista" en Cataluña a través "de las tres manifestaciones más masivas que se han producido desde 2006", organizadas o promovidas por la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD), entidad que López Hernández considera "pieza clave para la popularización del término".

Lo que, sorprendentemente, el autor no explica en el documento es que él es socio fundador y ex presidente de esa entidad secesionista e indirectamente subvencionada por la Generalidad, a través de sus asociados, entre los que destacan Acció Cultural del País Valencià, Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, Ciemen o Plataforma per la Llengua.

De esta forma, y como si de una profecía autocumplida se tratase, el autor actúa, primero, como activista, montando una plataforma independentista para crear y promocionar un nuevo concepto ad hoc (el "derecho a decidir") y, después, como científico, presentando "la aparición" de un nuevo concepto político como si fuera una "tendencia" natural en "los movimientos en defensa de las naciones sin Estado".


La búsqueda de una justificación a posteriori que avale la tesis

Aunque el informe admite que "no hay ninguna legalidad internacional que recoja explícitamente el derecho a decidir", López Hernández trata de buscar una justificación jurídica que le permita establecer la "definición de las bases teóricas del derecho a decidir", y para ello apela a la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la Haya sobre la independencia de Kosovo, del año 2010.

En base a esa sentencia, el informe estima que "si se agotan otras vías de entendimiento, si es proclamada por actores políticos legítimos, es decir, democráticamente representativos, si se hace por medios no violentos, no hay ningún obstáculo legal internacional para la declaración unilateral de independencia, y no se está violando ninguna norma internacional que el Consejo de Seguridad o la Asamblea de las Naciones Unidas tengan que defender". Lo que, en opinión del autor, avalaría su tesis del derecho a decidir.

El estudio también trata de diferenciar entre derecho a la autodeterminación, que asocia a una reivindicación independentista, y el derecho a decidir, que considera "una reivindicación soberanista" que se basa "en un principio de radicalismo democrático".

Y critica "de forma decidida y categórica el caso de España" porque, a diferencia de Quebec, Escocia, Irlanda del Norte, Groenlandia o Flandes, el Tribunal Constitucional en nuestro país ha rechazado el "derecho a decidir" de forma explícita "con un evidente menosprecio para la problemática democrática de las minorías territoriales".


Las líneas a seguir por partidos, medios y entidades nacionalistas

Finalmente, el informe plantea unas "propuestas de actuación" en las que marca a los partidos y entidades nacionalistas las líneas a seguir.

López Hernández recomienda que, "para que el derecho a decidir se convierta en un nuevo referente en el análisis y la legitimación de las reivindicaciones en defensa de la creación de nuevos estados, hay que difundir el concepto y profundizar en sus implicaciones teóricas".

Además, el informe insta a "vincular el concepto con el discurso sobre la regeneración democrática"; "no convertirlo en ningún caso en sinónimo del derecho a la autodeterminación"; "distinguir entre soberanismo e independentismo"; y "priorizar el elemento democrático sobre otras consideraciones tomando como foco de atención destacada la respuesta del Estado a las reclamaciones de un mejor encaje y de más democracia”, ya que “no son las características de la pretendida nación sin Estado las que han de llevar la carga de la prueba en la justificación de las reivindicaciones, sino las características del Estado y sus carencias".

Como si de un guión se tratase, esta es la estrategia que en los últimos meses han implementado los partidos nacionalistas, la mayor parte de los medios de comunicación en Cataluña y entidades como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2013/09/el-derecho-a-decidir-una-invencion-del-nacionalismo-catalan-529.php
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Re: Derecho a la Autodeterminación

Mensaje por Alentian el Jue Mayo 08 2014, 22:29

¿Y para "autodeterminarme" yo, dónde voto?
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