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Las 30 propuestas de reforma democrática e institucional de Ciudadanos

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Las 30 propuestas de reforma democrática e institucional de Ciudadanos

Mensaje por HIMNOSHISTORICOS el Mar Nov 10 2015, 21:15



El partido plantea eliminar el Senado, reforzar al Estado frente a las CCAA y hacer cumplir la estabilidad presupuestaria
Ciudadanos presentaba hoy sus propuestas de reforma en Cádiz y, como era de esperar, la formación naranja no ha dejado a nadie indiferente. El partido plantea eliminar el Senado, fortalecer al Estado frente a las comunidades autónomas, acabar con el Concierto vasco y el Convenio navarro y garantizar que el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no dependa de la "discrecionalidad política del Gobierno".
Tal y como había adelantado el partido de Albert Rivera, su principal objetivo es cerrar el modelo autonómico y clarificar la distribución de competencias entre los distintos niveles de la Administración Pública, así como establecer una financiación territorial "equitativa, transparente y eficaz" que garantice la igualdad básica de los españoles independientemente de dónde residan.
Estas son las propuestas de Ciudadanos sobre la organización territorial del Estado:

Enumerar las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas para fijar el mapa autonómico de manera definitiva, suprimiendo la disposición transitoria cuarta de la Constitución y eliminando así la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco.
Derogar los preceptos constitucionales que son meras disposiciones transitorias para acceder a la autonomía y que ya no son de aplicación (artículos 143, 144, 146, 148, 151 e inciso primero del artículo 152 CE) además de todas las disposiciones transitorias propiamente dichas.
Elaborar un listado de competencias exclusivas del Estado del artículo 149 de la Constitución y diferenciar entre las que asume íntegramente --funciones legislativas y ejecutivas-- y las que sólo lo asume en la parte legislativa. En este caso, la ejecución autonómica estará sometida a la vigilancia y control por parte del Estado, por ejemplo a través de la alta inspección.
Elaborar un listado de competencias compartidas integrado por las materias en las que el Estado cuenta con la función legislativa junto con las comunidades. La Constitución establecerá las reglas de relación para evitar los conflictos sobre la base de la supletoriedad y la prevalencia de la legislación del Estado.
Excluir la posibilidad de la transferencia o delegación a las comunidades de facultades que forman parte de las competencias que la Constitución atribuye al Estado, lo que supone la supresión del articulo 150.2. Incluir una cláusula residual que atribuya el resto de materias a la competencia de las comunidades autónomas.
El Estado podrá legislar con eficacia jurídica plena y directa cuando sea necesario para garantizar las condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica o la igualdad básica de los españoles en todo el territorio nacional en relación a derechos y deberes.
Establecer una cartera de servicios cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación del Estado.
Compromiso a favor de la armonización fiscal de ámbito europeo que elimine excepciones territoriales (el Concierto vasco y el Convenio navarro) y los paraísos fiscales. Mientras tanto, al menos revisar el actual sistema del cupo en el caso de Euskadi y de la aportación en el caso de Navarra para hacer un "cálculo razonable" de la contribución de estas comunidades a la Hacienda estatal y así evitar una menor contribución a la solidaridad colectiva.
Fijar el Fondo de Cohesión Social y Territorial como pieza central con la que conseguir la garantía de la igualdad básica de los ciudadanos, en relación con los servicios esenciales enumerados en la carta que se elaboraría. Eliminación de los demás fondos existentes actualmente.
Las comunidades que deseen incrementar los servicios prestados respecto de los garantizados podrán, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones, sufragarlos mediante el incremento de las cargas tributarias sobre los ciudadanos.
Cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por todos y en los términos que establece, evitando que quede en manos de la "discrecionalidad política del Gobierno".
Suprimir el Senado, por su "incapacidad" para articular la representación territorial en la gestión de los asuntos del Estado.
Crear un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (distinto de la actual Conferencia de Presidentes) que se coordinaría con el Estado en el ámbito legislativo. Sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de cada comunidad, y se encargarán de aprobar, en segunda lectura y con el voto mayoritario de sus miembros, las leyes más directamente relacionadas con la organización territorial del Estado. En caso de discrepancia con el Congreso de los Diputados, prevalecerá lo decidido por éste, tras haberse intentado consensuar una posición común.
Eliminar las diputaciones provinciales y, vinculada a esta medida, fusionar ayuntamientos para racionalizar la Administración local, mejorar la prestación de los servicios públicos y renovar la calidad de la democracia. El Estado deberá fijar los índices de sostenibilidad mínimos para la subsistencia de un municipio y, si no se cumplen, deberá procederse a la fusión municipal. A tal fin, se modificará el artículo 140 de la Constitución para consignar tanto el criterio de la sostenibilidad como la habilitación al Estado de la competencia para regular la fusión de los municipios en caso de incumplir tal criterio.
Reconocer en la Carta Magna la pertenencia de España a la Unión Europea y su permanencia en ella y establecer un procedimiento especial para la transferencia de soberanía a la UE.
En el documento 'Regeneración democrática e institucional', presentado este sábado en Cádiz, también cuenta con un apartado dedicado al poder judicial, a través del cual cree que se debe asegurar "un Estado eficaz al servicio de los derechos de los españoles".
El objetivo es conseguir una Justicia "rápida, eficaz y con garantías", nombrar a los jueces y magistrados según su mérito y su capacidad, despolitizar el Tribunal Constitucional reforzando la independencia de sus miembros y tener una Fiscalía General del Estado "independiente, profesional y al servicio de la legalidad".
Estas son las medidas concretas sobre el poder judicial contenidas en la propuesta de Ciudadanos:

Suprimir el CGPJ y asignar sus funciones al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que estará asistido por dos adjuntos. El presidente será elegido por el Congreso de los diputados, con el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, entre magistrados del Tribunal Supremo con al menos, veinte años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado un cargo representativo de carácter público. El nombramiento tendrá una duración de seis años, sin posibilidad de reelección. Los dos adjuntos serán elegidos por los jueces y magistrados en elecciones convocadas al efecto y su nombramiento tendrá una duración de tres años sin posibilidad de reelección.
Provisión de todas las plazas de Juzgados, Audiencias y Tribunales y, en particular, la de los altos cargos (presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo) a través de procedimientos reglados, sin discrecionalidad alguna. Se convocarán concursos en los que la selección se ajustará a baremos previamente establecidos conforme a los principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones, acabando así con los criterios arbitrarios en función de afinidades políticas o ideológicas.
Suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados.
A los jueces y magistrados que acepten cargos políticos, imponerles un periodo obligatorio de excedencia mínimo de dos años tras el correspondiente cese para evitar las puertas giratorias.
Un plan de Estado para mejorar, con más jueces y más medios, la administración de justicia en un plazo razonable que permita a España aproximarse a los ratios medios de la Unión Europea. Un procedimiento que impida la obstrucción de la tutela judicial efectiva, una instrucción penal rápida y eficaz y unidades de policía y peritos judiciales que no dependan de la Administración del Estado ni de la Agencia Tributaria. Y, una vez producida la resolución judicial, garantizar su efectivo cumplimiento mediante procedimientos u órganos judiciales adecuados.
Regular en la Constitución el procedimiento de nombramiento del fiscal general del Estado:, que sería mediante un procedimiento abierto que permitirá a todos los que cumplan los requisitos necesarios presentarse. Se exigirá que reúna al menos veinte años de ejercicio en la carrera fiscal y no haya tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo político o administrativo de carácter público. Luego, una Comisión del Congreso de los Diputados valorará la idoneidad para ejercer el cargo de estos candidatos y seleccionará una terna de entre ellos por mayoría reforzada. Finalmente, el Gobierno elegirá el fiscal general entre esa terna. Asimismo, se reforzará la independencia del Consejo Fiscal y el principio de mérito y capacidad en la provisión de plazas en la carrera fiscal y se fomentará en particular la independencia de la Fiscalía anticorrupción.
Para ser designado magistrado del TC, se exigirán 25 años de ejercicio profesional, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia, entre ellas la prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos durante los cinco años anteriores a su nombramiento. El mandato será de doce años y la jubilación a los 75. Habrá una renovación parcial cada cuatro años. Tras el cese, los magistrados pasarán a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo público o privado. En el caso de los propuestos por el Senado, lo serán por el Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas; y los del poder judicial, lo serán por el presidente del Consejo y del Poder Judicial pero entre magistrados designados en virtud de un concurso convocado al efecto, sin discrecionalidad alguna.
Establecimiento de un plazo perentorio para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, que no podrá superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales.
Por último, Ciudadanos propone reformar la ley electoral española siguiendo el modelo alemán --eligiendo diputados simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales--, acabar con el aforamiento de todos los representantes públicos y garantizar presupuesto para el cumplimiento de una serie de derechos sociales reconocidos en la Constitución.

Incluir en la Constitución el derecho fundamental a la protección de datos personales (en el artículo 18) y el derecho a la transparencia en relación con la información que poseen las Administraciones Públicas (artículo 23).
Reformar el artículo 57 de la Carta Magna para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en el trono, promoviendo así "la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos e instituciones".
Crear una nueva sección de derechos sociales en la Constitución: derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la protección ambiental, derecho a los servicios sociales, derechos de los consumidores y usuarios, derecho al acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y derecho a la buena administración.
Establecer la obligación de la garantía presupuestaria para la regulación de estos derechos sociales.
Reformar el régimen electoral para "traducir la voluntad ciudadana en representantes". El nuevo modelo se inspiraría en el sistema alemán, lo que supone que la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales, de manera que cada elector tendrá dos votos.
Reducir de 500.000 a 250.000 el número de firmas necesarias para impulsar una iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, modificando para ello el artículo 87 de la Constitución. El Congreso de los Diputados deberá tomarlas en consideración en un plazo máximo de tres meses.
Favorecer la participación ciudadana en el ámbito local mediante, entre otros, las consultas y el uso de tecnología de la información, para lo que será necesario el desarrollo de lo previsto en el artículo 70 bis de la Ley de Bases del Régimen local.
Acabar con el aforamiento de todos los representantes públicos. Suprimir también los suplicatorios para delitos o imputaciones, salvo en lo relacionado con la actividad política del parlamentario (no se mantendrían los suplicatorios para, por ejemplo, delitos contra la seguridad vial o casos de violencia doméstica).
Exigir que el régimen de incompatibilidades de todos los representantes públicos y, en particular, de los diputados sea transparente y riguroso y se cumpla de manera efectiva, estableciendo un sistema de sanciones por si se incumplen las obligaciones impuestas.
En los parlamentos, ampliar la fase de enmiendas; eliminar la exigencia, para presentar enmiendas y preguntas, de la firma de conocimiento por parte del portavoz del grupo a que pertenezca el diputado; reforzar la fase legislativa de las comisiones parlamentarias; autorizar intervenciones más generosas en tiempo y forma; y fomentar la participación de representantes de distintos grupos sociales y de expertos. Además, las instituciones de representación política deberán someterse de manera plena y sin limitaciones a los principios de transparencia y buen gobierno y al régimen jurídico que los desarrolla.
Potenciar las comisiones de investigación parlamentarias facilitando su creación, ampliando sus facultades, estableciendo la publicidad de las audiencias y de las conclusiones, imponiendo la obligación de veracidad a los comparecientes y limitando las posibilidades de que su creación pueda ser obstaculizada por el partido al que pueda afectar la investigación.
Eliminar la figura del decreto ley, haciendo que la legislación de extraordinaria y urgente necesidad deba ser aprobada por el Congreso de los Diputados mediante un procedimiento sumarísimo que deberá culminarse en un plazo máximo de 72 horas.
Prohibir el indulto de los condenados por delitos de corrupción, contra la Administración Pública o de violencia de género.
La normativa que tenga una incidencia sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos habrá de cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, así como de mínima intervención, imposición de cargas y restricción.

http://www.expansion.com/economia/politica/elecciones-generales/2015/11/07/563de9f3ca474144528b460a.html
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