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Dos concejalas de Podemos Valdemoro, condenadas a 3 años de cárcel por quedarse con 621.000 euros

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Dos concejalas de Podemos Valdemoro, condenadas a 3 años de cárcel por quedarse con 621.000 euros

Mensaje por HIMNOSHISTORICOS el Sáb Dic 12 2015, 22:54

La sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años de cárcel a dos concejalas del grupo municipal Ganemos Ahora Valdemoro, Rosa Agudo de Blas y Paloma Agudo de Blas –número 2 y 3–, por un delito de insolvencia punible.



Así lo indica una sentencia, con fecha del 1 de octubre a la que ha tenido acceso ABC, que falla en contra las ediles, los padres y dos hermanos más, a las penas de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, veinte meses de multa con una cuota diaria de doce euros y una indemnización de 560.000 euros más intereses a dos inmobiliarias.
Las empresas reclaman los 600.000 euros entregados a la madre de familia, Juana de Blas, por no cumplir un contrato sobre la compra de unos terrenos en Colmenar de Oreja en el año 2007. Según la sentencia, los acusados, «conscientes de que Juana de Blas Olivar tenía que hacer frente a una deuda superior a los 600.000 euros» acordaron que la matriarca se declarara «insolvente y con ello poder defraudar a los acreedores».
Los magistrados de la Audiencia Provincial cuestionan incluso las justificaciones que da la familia sobre el uso de ese dinero, como «varios cruceros por el Mediterráneo, Caribe y por los fiordos noruegos» o el gasto de casi 50.000 euros en «restaurantes, hoteles y casino». Un gasto tan elevado en un periodo tan pequeño de tiempo que, para los jueces, «resulta fuera de toda razón».

El origen del caso se sitúa en 2007 cuando la acusada recibe 621.200 euros como parte del precio de compra de unas fincas, según el abogado de la acusación, con la condición de que fueran recuperadas por la acusada como heredera mediante un derecho de retracto reclamado a la empresa Fadesa, que previamente había adquirido esos terrenos a las hermanas de la acusada.
Sin embargo en 2010 el Tribunal Supremo dicta sentencia firme en la que se desechan las reclamaciones de la acusada, por lo que la inmobiliaria que había adquirido los terrenos le reclama la cantidad entregada, aunque la acusada reparte el dinero entre su familia para emplearlo «en su consumo particular» y «con la intención de evitar la devolución y de eludir la persecución de su patrimonio por las sociedades».
La acusada alegó que no tenía obligación de devolver cantidad alguna porque en el contrato «se había afianzado la operación con otra tierra propiedad de ésta», por lo que de hecho se le llega a absolver del delito de apropiación indebida, aunque son condenados por insolvencia punible en una sentencia que que todavía no es firme.
http://www.mediterraneodigital.com/portada/nacional/edicion-comunidad-madrid/comunidad-de-madrid-3/dos-concejalas-de-podemos-valdemoro-condenadas-a-3-anos-de-carcel-por-quedarse-con-621-000-euros.html
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Re: Dos concejalas de Podemos Valdemoro, condenadas a 3 años de cárcel por quedarse con 621.000 euros

Mensaje por Aurelioj_2003 el Sáb Dic 12 2015, 23:01

¡Ah, nuestros honestos políticos podemitas...! Gracias a Dios que yo soy un "fascista"... Al menos somos honestos.
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Re: Dos concejalas de Podemos Valdemoro, condenadas a 3 años de cárcel por quedarse con 621.000 euros

Mensaje por HIMNOSHISTORICOS el Sáb Dic 12 2015, 23:04

Una concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Puerto Real, detenida por timar a inmigrantes


Mónica González, delegada de Hacienda del Ayuntamiento dePuerto Real, está procesada por la Audiencia Nacional por una supuesta estafa millonaria a inmigrantes sudamericanos que estalló en el año 2006.



La edil, militante de Podemos y concejala desde el pasado junio, se enfrentará en el juicio que aún no tiene fecha a una petición de cárcel de la Fiscalía de cuatro años por un supuesto delito de estafa y a otra de diez años de prisión que reclama la acusación particular, que aprecia, junto con el de estafa, otro delito de asociación para delinquir.
Licenciada en Derecho, experta en inmigración y extranjería y de 37 años de edad, Mónica González está implicada en el complejo caso Eurowork, en el que supuestamente se estafó alrededor de 2,5 millones de euros a 5.000 inmigrantes sudamericanos, a los que esta entidad prometía visados y trabajo en España a cambio de dinero. La puertorrealeña llegó a ser administradora única de la empresa en España, donde supuestamente llegaba todo el dinero de los estafados proveniente de sus ciudades de origen en países como Perú, Honduras, Ecuador, Colombia o México.
A través de anuncios en prensa o grandes carteles publicitarios, Eurowork ofrecía el sueño europeo a quienes deseaban salir de sus países con destino a España. También cayeron en el engaño ciudadanos que ya residían en España y querían traer a sus familiares. El método era sencillo: cada persona tenía que pagar 465 euros para obtener el visado y un puesto de trabajo. La empresa se dedicaba a "la selección de mano de obra de cualquier tipo de ocupación y nivel de cualificación procedente de Latinoamérica", según su web, por lo que el catálogo de posibles víctimas era bastante.
Pese a que le empresa llegaba a emitir un recibo del pago con un compromiso de devolución en caso de no haber logrado el empleo en tres o seis meses, dependiendo del caso, lo cierto es que fueron muy pocos los que lo lograron. La mayoría de ellos recibieron respuestas poco claras. "Estamos tramitándolo y va lento", "el INEM no nos ha enviado aún la documentación" o "ya tenemos un trabajo para usted pero aún hay que cerrar algunos papeles".
Cansados de las excusas banales los afectados empezaron a sospechar. Algunas de las filiales en Latinoamérica empezaron a cerrar y todo se centralizó en Madrid. Allí, Mónica González sólo atendía por teléfono y explicaba a los afectados que "los retrasos en la tramitación de expedientes son culpa del Gobierno y no de Eurowork", según explicaron las propias víctimas de la estafa. Tampoco se daba respuesta a quienes cansados de esperar solicitaban la devolución del dinero, tal y como figuraba en el 'contrato' recibido.
Poco tardaron en aparecer las primeras denuncias en Sudamérica, que fueron derivadas a España después de que los responsables de las filiales latinoamericanas señalasen a Madrid como lugar donde iba a parar todo el dinero. Allí administraba la empresa Mónica González, a quienes los acusados señalaban como "mano derecha" del supuesto ideólogo de la trama, Luis Batlle Vilaseca.

Las denuncias fueron creciendo por cientos hasta superar las 5.000. El caso pasó en 2007 a manos de la Audiencia Nacional y el juez Baltasar Garzón ordenó el bloqueo de las cuentas de Eurowork. Tanto Luis Batlle como González fueron detenidos por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional en marzo de 2007, junto a otras personas implicadas, y puestos en libertad con cargos a la espera de juicio.
El letrado Demóstenes Mamani, que defiende a una parte de los afectados, recuerda que en el año 2011, una vez que culminó la fase de instrucción, la acusación particular (con varios abogados que defienden a los supuestos estafados) solicitaron para el principal acusado, Luis Batlle, doce años de prisión por supuestos delitos de estafa y de asociación para delinquir, y diez años de prisión para Mónica González Gómez por los mismos delitos.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó para todos los imputados, además de la pena de cuatro años de prisión, una multa económica y una indemnización para los perjudicados.
Pero el juicio nunca llegó a celebrarse. A finales de mayo de 2012 la Audiencia Nacional decretó la apertura del juicio oral pero pocos días después lo suspendió "hasta nueva fecha" porque dos de los principales autores del hecho, cuyas declaraciones se consideraban esenciales por ser los creadores de la trama y que de alguna manera implican al resto, se encontraban en paradero desconocido.
Uno de ellos era Luis Batlle, que huyó del país y que no fue localizado por la Policía hasta octubre de 2014, cuando fue detenido en Tailandia. Allí, donde había conseguido entrar con documentación falsa mejicana, se hacía pasar por una famoso chef español y maestro cervecero.
La detención del principal cabecilla, que llegó a España el pasado julio tras se extraditado, ha permitido la reapertura del caso y que todos los acusados, entre ellos la concejala puertorrealeña, sigan acusados de estafa por un caso que a punto ha estado de prescribir.
Militante primero del PSOE -formó parte de la candidatura que este partido presentó a las elecciones municipales de 2011 en Puerto Real aunque sin salir elegida-, Mónica González se acercó tras las movilizaciones del 15-M al círculo local de Podemos. Se presentó a las elecciones primarias de Sí se Puede Puerto Real, con la que concurrió a las elecciones municipales de 2015 en el núm. 4 de la lista.
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Re: Dos concejalas de Podemos Valdemoro, condenadas a 3 años de cárcel por quedarse con 621.000 euros

Mensaje por HIMNOSHISTORICOS el Sáb Dic 12 2015, 23:06

Un candidato de Podemos, imputado por robar el dinero del despido de un trabajador


que fuera candidato a secretario general autonómico de Podemos en las últimas elecciones, Ricardo Cano Zamorano, se sentará en el banquillo de los acusados por apropiarse, presuntamente, del dinero de una indemnización que tramitó por el despido de un trabajador.



El político y abogado laboralista se enfrenta a una pena de dos años y medio de cárcel, la petición del ministerio público, tras ser imputado por el juez de Valencia que instruye la causa.
Según el escrito de acusación del fiscal, Cano se apropió de 1.660 euros correspondientes a una indemnización que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonó en la cuenta bancaria del abogado, como representante legal de un trabajador despedido, entre marzo de 2009 y abril de 2010. "El acusado hizo suyas dos cantidades, 1.551 euros y 853 euros, sin entregárselas a su cliente pese a las reiteradas reclamaciones que le hicieron", afirma el fiscal.
El trabajador solicitó varias veces a su letrado, por escrito y a través de un correo electrónico, que le abonara el dinero de la indemnización. También presentó una reclamación ante el Colegio de Abogados de Valencia y denunció por un delito de apropiación indebida a Cano, que sólo le entregó la cantidad de 744 euros del total del dinero que presuntamente se quedó.
Los hechos relatados en la denuncia y el escrito de acusación "son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida", según afirma el fiscal, y ocurrieron mientras el perjudicado, que ahora tiene 31 años, se encontraba en México. Por ello, el padre del trabajador, siguiendo instrucciones de su hijo, presentó una denuncia el 12 de noviembre de 2012 en el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia contra el conocido abogado laboralista.
Cuatro meses después, el letrado abonó a su cliente 744 euros mediante una transferencia bancaria, por lo que el trabajador reclama el resto de dinero que Cano cobró del Fondo de Garantía Salarial. Tras regresar a España después de vivir una temporada en México, el perjudicado acudió al juzgado para ratificar la denuncia por apropiación indebida y aportó más datos y documentos, como una copia de la sentencia del Juzgado de lo Social número 17 de Valencia, concretamente el fallo que le concedía la indemnización por su despido laboral.
Además, el joven declaró que nunca se negó a pagar al abogado sus honorarios, el 20 por ciento del dinero que cobrara, y manifestó también que Cano le dijo que había realizado un ingreso en una cuenta que los padres del denunciante supuestamente tenían en Bankia, lo que era falso, según el trabajador, porque sus progenitores no eran titulares de ninguna cuenta en esa entidad bancaria.
El imputado, que es presidente de la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Sociales y Civiles, denunció el año pasado al secretario general del Fondo de Garantía Salarial, Juan Carlos Arce Gómez, por un delito de prevaricación tras acusarlo de paralizar expedientes de despido de trabajadores.
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