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Petición de reforma del artículo 510 del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

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Petición de reforma del artículo 510 del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Mensaje por HIMNOSHISTORICOS el Dom Mayo 25 2014, 22:01

Señores y señoras Diputados y Senadores:

Por la presente, solicitamos la modificación del artículo 510 del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que se va a proceder a debatir en las Cortes Generales, por considerar que vulnera los siguientes aspectos de la legalidad constitucionalmente establecida y garantizada, a saber:



1. Se castiga con pena de prisión, en su nº1, letra a), a “quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación (…) por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional (…)” en los mismos términos, letra b). La descripción del tipo mencionado vulnera la exigencia de taxatividad que debe presidir toda descripción penal, y en consecuencia, el principio de legalidad, por cuanto que la Ley debe ser clara y concreta al fijar los tipos penales, de modo que el legislador no puede emplear términos vagos que dejen en la indefinición el ámbito de lo punible (así lo ha señalado nuestro Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, por todas STC 38/2003). A este respecto, la referencia a “fomentar o promover indirectamente al odio (…)” vulnera esta exigencia –lex certa- y, por lo tanto, el principio de legalidad. En consecuencia, se vulnera el principio de seguridad jurídica reconocido y garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución (junto con el principio de legalidad) que informa todo el ordenamiento jurídico y cuya vulneración provocaría indefensión a los ciudadanos al no tener cierto conocimiento de qué conductas están específicamente tipificadas por el Código Penal. ¿Cómo se fomenta indirectamente al odio?


2. De igual forma, el mismo artículo 510, apartado 1º, letra c) castiga con pena de prisión a quienes “nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad (…)”. Si bien ya queda aclarado en la Exposición de Motivos del Proyecto que la negación del genocidio solamente puede ser delictiva como forma de incitación al odio o a la hostilidad, tal y como ha impuesto el Tribunal Constitucional en la Sentencia 235/2007, de 7 de noviembre, la expresión “trivializar gravemente” vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica porque concede una elasticidad excesiva al tipo penal de forma que permite al Juez actuar con una discrecionalidad que compromete las exigencias de claridad y taxatividad en los términos expuestos anteriormente.

A este respecto, nos parece oportuno traer a colación parte de la argumentación de nuestro Alto Tribunal que dio lugar a la Sentencia citada (235/2007) y por la que se declaro inconstitucional el inciso contenido en el artículo 607.2 del Código Penal en el que se penalizaba la negación de un determinado genocidio (por lo general, el Holocausto durante la II Guerra Mundial) a propósito de la delimitación del Derecho Fundamental de Libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución: “Lejos de ello, la literalidad del precepto, en la medida en que castiga la transmisión de ideas en sí misma considerada, sin exigir adicionalmente la lesión de otros bienes constitucionalmente protegidos, viene aparentemente a perseguir una conducta que, en cuanto amparada por el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) e incluso eventualmente por la libertades científica [art. 20.1. b)] y de conciencia (art. 16 CE) que se manifiestan a su través (STC 20/1990, FJ 5), constituye un límite infranqueable para el legislador penal. En tal sentido, no estamos ante un supuesto de limitación de la libertad de expresión por parte del Código Penal, sino que éste interfiere en el ámbito propio de la delimitación misma del derecho constitucional.

Por otro lado, en el ámbito del Derecho comparado, el Consejo Constitucional francés ha declarado inconstitucional toda legislación que sancione la negación de los genocidios reconocidos por la Ley en su Decisión Nº 2012-647/DC de 28 de febrero de 2012 (siendo Presidente Jean-Louis Debré) publicada en el Diario Oficial de la República Francesa Nº0053 de 2 de marzo de 2012 página 3988.

Asimismo, en el ámbito del Derecho internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (ratificado por España el 10 de octubre de 1979) dispone en su artículo 10.1 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras (…)”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por España el 30 de abril de 1977) declara en su artículo 19, apartados 1º y 2º, que “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.


En este sentido, el Comité de Derechos Humanos, órgano de Naciones Unidas, en su Informe emitido en el 102ª período de sesiones, ha señalado en la Observación general Nº34 sobre el artículo 19 (libertad de opinión y libertad de expresión) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que:
1º- “Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión”.

2º- “El párrafo 2 exige a los Estados partes que garanticen el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin limitación de fronteras. Este derecho incluye la expresión y recepción de comunicaciones sobre toda clase de ideas y opiniones que puedan transmitirse a otros (…)”.
3º- “Los medios de expresión comprenden los libros, los periódicos, los folletos, los carteles, las pancartas, las prendas de vestir y los alegatos judiciales, así como modos de expresión audiovisuales, electrónicos o de Internet, en todas sus formas”.

4º- “El párrafo 1 del artículo 19 exige que se proteja el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones. Se trata de un derecho respecto del cual el Pacto no autoriza excepción ni restricción alguna (…)Quedan protegidas todas las formas de opinión, como las de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. Es incompatible con el párrafo 1 calificar de delito la expresión de una opinión. El acoso, la intimidación o la estigmatización de una persona, incluida su detención, prisión preventiva, enjuiciamiento oreclusión, en razón de sus opiniones, constituyen una infracción del párrafo 1 del artículo 19”.

A este respecto véase la comunicación Nº1341/2005, Zundel c. Canadá, dictamen aprobado el 20 de marzo de 2007, comunicación Nº550/1993, Faurisson c. Francia, las observaciones finales sobre Austria (CCPR/C/AUT/CO/4) y sobre Hungría (CCPR/C/HUN/CO/5).

En conclusión: La aprobación de este texto, y como consecuencia de la violación de los principios constitucionales citados, conllevaría la vulneración del Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión e Información reconocidos en el artículo 20 de la Constitución española y la consecuente destrucción de libros y otros documentos por motivos ideológicos, actuación propia de regímenes totalitarios.



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